Impunidad en extinción

El hasta hace no mucho intocable Slovodan Milosevich, promotor de la década más sangrienta en los Balcanes, fue obligado por la presión popular a aceptar los resultados de las últimas elecciones. Fue encarcelado más tarde por delitos económicos, y esta semana se discute su extradición al Tribunal Internacional de La Haya, donde será juzgado por crímenes de guerra y genocidio.

El hasta hace no mucho intocable Vladimiro Montesinos, hombre fuerte durante los gobiernos de Alberto Fujimori, tras una huida rocambolesca que incluyó cirugía plástica, fue detenido en Caracas por agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), y ha sido deportado a Perú, donde deberá responder a las acusaciones de enriquecimiento ilícito, torturas, asesinato y tráfico ilegal de armas y drogas.

La televisión venezolana mostró imágenes de siete personas, una de las cuales parecía ser Montesinos, cuando subían a un avión peruano en el aeropuerto internacional de Maiquetía, a 35 kilómetros de Caracas, a las 01:30 hora local del lunes (05.30 GMT), aunque el suceso no fue confirmado por fuentes oficiales. En la noche del sábado había sido detenido en el barrio “23 de enero”, a escasos mil metros del palacio presidencial de Miraflores, por agentes de la Dirección de Inteligencia Militar, el otrora intocable de la corruptocracia fujimorista.

El hasta hoy intocable Alberto Fujimori, tras el ridículo internacional que supone la huída de un jefe de Estado en activo por la puerta trasera, continúa bajo la protección de las autoridades niponas, que se niegan a su extradición.

La legislación yugoslava no contempla la extradición de sus ciudadanos a terceros países o tribunales internacionales. No obstante, se discute la adopción de un decreto ley, dado que el proyecto de entrega de Milosevich ya fue bombardeado en el parlamento por los socialistas montenegrinos. Aunque el Partido Socialista Popular (SNP) de Montenegro, sólo obtuvo el 30% de los votos de un país de 640.000 habitantes, y aunque la coalición DOS en el poder cuenta con la mayoría de los 10 millones de votantes serbios, el sistema de cuotas autonómicas imperante permitió a los 29 diputados socialistas impedir la votación.

El Partido Socialista de Serbia, que aún dirige Milosevich, ha tildado a la posible extradición como “golpe a la democracia” —curioso alegato por parte de quienes no aceptaron las últimas elecciones democráticas—. Es comprensible que el gobierno de Vojislav Kostunica se apresure a mostrar su colaboración con la justicia internacional, dado que el próximo 29 se podría decidir en Bruselas una primera donación de 1.200 millones de dólares a Yugoslavia. Una ayuda condicionada a su actitud ante la justicia internacional. Y es penoso el ultimátum de Washington que exige, a un país destruido por los bombardeos y que vive una delicada transición democrática después de una década de corrupción, dictadura encubierta y sangre, la decisión de entrega antes de ese día.

Tampoco los partidarios de Milosevich se quedarán de brazos cruzados, y ya el ejército de abogados que participa en su defensa ofrece 250 millones de marcos alemanes como fianza por su liberación a la espera de juicio. De donde se desprende que su salario como jefe de Estado debió ser considerable.

Las encuestas demuestran que en la calle hay rechazo de los serbios al Tribunal de La Haya, al que consideran parcial en contra de los crímenes serbios, y más “benigno” con otros ex-yugoslavos; aunque admiten la extradición si es el precio a pagar para evitar las sanciones internacionales, lograr las ayudas, y reconstruir el país y su imagen. El propio presidente, Vojislav Kostunica, opina que la entrega es inevitable, pero injusta.

Sea juzgado en La Haya, lo que parece más probable, o en Serbia, o en ambos, lo ejemplar de este caso es que engrosa una lista donde ya constan el ex-dictador Augusto Pinochet, ahora Vladimiro Montesinos, y confiemos que en breve el nuevo hijo del Sol Naciente, Alberto Fujimori.

Nunca la justicia ha sido igualmente justa: dinero y poder han sido, y son, atenuantes de peso. La doctrina de no injerencia en los asuntos internos de otros países ha servido de refugio a dictadores, criminales de guerra y mafiosos de Estado. La justicia internacional, tampoco: Estados Unidos puede montar una redada policial a gran escala para capturar al mafioso Noriega; pero ni se les ocurre una acción equivalente contra China o Rusia. Hay aún dictadores amigos y dictadores enemigos, importante coartada. Los casos de Pinochet, Milosevich y Montesinos no han derogado la impunidad como ley; la mera existencia del Tribunal de La Haya, organismo de las Naciones Unidas, tampoco. Pero tanto unos como otros, acercan el día de la justicia globalizada, cuando promotores de genocidios, dictadores y delincuentes de Estado se vean obligados a acudir a las agencias espaciales para encontrar un refugio seguro.

“Impunidad en extinción”; en: Cubaencuentro, Madrid, 26 de junio, 2001. http://www.cubaencuentro.com/meridiano/2001/06/26/2838.html.