Pescando en aguas revueltas

En pocos días Honduras ha experimentado dos golpes de estado de diverso estilo y naturaleza. En la balanza esta el futuro de esa nación centroamericana y de toda la región. Algunos buscan ahora pescar en esas aguas revueltas.

Hasta el pasado domingo el Presidente Zelaya -contra las leyes vigentes y la voluntad expresa de todas las instituciones (poder judicial, poder legislativo, tribunal electoral, partidos políticos (incluido el suyo), iglesias, y un largo etcétera- promovía una consulta anticonstitucional. Una cláusula “pétrea” (o sea, intocable) de la Constitución es la imposibilidad de reelección presidencial a cuyo cuestionamiento se dirigía el plebiscito. Con eso no se juega en Honduras. Dicho sea de paso, tampoco Fidel Castro permite consultas para cambiar el régimen cubano y por eso –después de la petición de un referéndum por el Proyecto Varela- incorporo una cláusula pétrea sobre el particular a la Constitución de 1976 y metió presos a los que promovían la consulta acusándolos de conspirar con un enemigo externo.

La iniciativa de Zelaya estaba inscrita en la nueva metodología de subversión antidemocrática sobre la que aun no existe una conciencia regional y para la cual la OEA no ha desarrollado todavía mecanismos apropiados de protección. Son los golpes del siglo XXI promovidos por los pretendidos “socialistas” del siglo XXI.

Frente a la acción inconstitucional de Zelaya –apoyada materialmente por Hugo Chávez-, el secuestro y expulsión del territorio nacional del presidente en funciones ejecutado por militares hondureños presenta la estética de los clásicos golpes de estado frente a los cuales la región y la OEA han creado mecanismos como la Carta Interamericana.

Pero lo ocurrido es tan inaceptable como lo que se pretendía impedir que ocurriera. Además es contraproducente.

De haberse iniciado un juicio criminal y otro político contra el Presidente Zelaya por las instituciones y poderes constitucionales dentro del Estado de Derecho hondureño, la maniobra golpista del ALBA se hubiera frustrado y la conspiración para suplantar democracias con regimenes caudillistas hubiera quedado expuesta a lo largo de ese proceso judicial. En virtud de la inaceptabilidad del procedimiento, ahora Zelaya se proyecta internacionalmente como victima inocente y absoluta de los militares hondureños.

Sin embargo, la soberanía de Honduras no será servida de manera adecuada si la salida a esta situación se procura desconociendo la legitimidad del resto de los poderes constitucionales vigentes en esa nación y pasando por alto la autoridad soberana que les asiste para proteger la Constitución frente al nuevo modus operandis de los golpistas autoritarios latinoamericanos. La OEA puede desconocer en las actuales circunstancias a Micheletti pero no al poder legislativo, judicial y electoral de Honduras, la Constitución del país y la soberanía nacional que asiste a las instituciones para atender y resolver un conflicto interno por cauces democráticos.

La comunidad regional tiene potestad para actuar frente a golpes militares contra los poderes constitucionales de los estados latinoamericanos. No la tiene para extender impunidad a un presidente frente al resto de los poderes democráticos que rigen un país, en menosprecio de su soberanía y Constitución.

La confusión creada con estos hechos alienta el aventurerismo de quienes sopesan el apoyo a posibles acciones “revolucionarias” dirigidas a provocar una espiral represiva en Honduras si Zelaya no se consolida como poder supremo. Es lo que han declarado. En ese sentido la comunidad regional tiene el deber de poner coto a las reiteradas amenazas y declaraciones intervencionistas de Hugo Chávez a propósito de los acontecimientos en Tegucigalpa.

En realidad no estamos frente al Socialismo del Siglo XXI, sino frente al Golpismo del Siglo XXI y se hace necesario crear la conciencia y construir los mecanismos de protección regional adecuados para contener este asalto a la democracia. Pero la gobernabilidad democrática –nadie debe olvidarlo- solo puede ser defendida con procedimientos de Derecho. Ese es el reto a resolver en la crisis hondureña.