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La OEA y el tercer golpe de estado

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Honduras fue escenario de uno de los golpes de estado “a plazos” del pretendido socialismo del siglo XXI. Al igual que ya habían hecho exitosamente en otros países, los impulsores de la revolución bolivariana pusieron en marcha un plan de influencia sobre personas y sectores hondureños. Estaba dirigido a crear las bases de apoyo social para proceder a un cambio de la naturaleza y estructura del Estado.

Pero para sorpresa de Zelaya y sus amigos, los restantes poderes constitucionales en Honduras no estaban dispuestos a ver en su país lo ya sucedido en otras latitudes. Dispusieron el arresto del presidente por su insistencia en violar leyes, trasgredir funciones y tomar una base aérea para rescatar las urnas y boletas que Chávez le había enviado para organizar un plebiscito cuestionando la Constitución.

Sucede que los militares encargados de cumplir la orden de arresto legalmente radicada, tomaron la iniciativa ilegal de depositarlo en payamas en San José de Costa Rica. El resto de los acontecimientos –a excepción de esa inopinada acción del comando que permitió la fuga de aquel a quien tenían que arrestar- trascurrió según el orden constitucional vigente. Se sustituyó al presidente según lo normado por la Constitución y ningún civil fue desplazado de su cargo por un militar. No se realizaron arrestos masivos, nadie desapareció, fue torturado y lanzado desde un helicóptero, ni aparecieron cadáveres flotando en los ríos. Pero la estética aportada por el comando que arrestó y expulsó a Zelaya –militares encapuchados que deportan de madrugada al presidente electo- removió la terrible memoria regional de anteriores interrupciones de la democracia.

Así las cosas, los golpistas del siglo XXI acusaron al resto de los poderes constitucionales en Honduras de actuar como golpistas del pasado siglo. Detrás salieron intelectuales y gobiernos “políticamente correctos” a sumarse al coro condenatorio pese a la escasa información y conocimiento que tenían sobre los antecedentes y el contexto en que ocurrieron los hechos.La crisis constitucional provocada por la vioacion presidencial de la Carta Magna fue declarada un "golpe de estado" pese a que ese documento autoriza remover al presidente si intenta modificar lo referido a la imposibilidad de reelecciones (Art. 239)..

Ante esos hechos, la OEA debió haber demandado que se enjuiciara a los militares que desbordaron el mandato judicial que habían recibido al deportar –en vez de arrestar- a Zelaya. Tenía que haber apoyado a los restantes poderes constitucionales y fiscalizado el que los militares no hubiesen desplazado a los civiles o manejado a su antojo la situación interna. Debió haber realizado una inspección sobre el terreno y hecho un análisis crítico de lo sucedido formulando su recomendación –no ultimátum- a los poderes públicos y la sociedad civil del país. Pero la organización interamericana pretendió lo inadmisible: imponer -a quienes ya ejercían poderes electos y constitucionales en el país mucho antes de la salida de Zelaya - la caprichosa formula de su retorno decretando que era la única “admisible” en el caso de Honduras.

La OEA –que por varios años no ha sabido actuar ante el golpismo bolivariano- no sólo no ha rectificado el craso error cometido en Honduras, sino que ahora se encamina a desconocer de antemano el resultado de unas elecciones nacionales que todavía no se han realizado. Proceso abierto a observadores independientes de otros países, y cuya preparación –incluida la elección de los candidatos- se había iniciado 14 meses antes de ser expulsado Zelaya de Honduras con presencia in situ de la Organizacion de Estados Americanos..

La OEA –una institución necesaria, pero de cuestionable eficacia- viene actuando de forma contradictoria. Pretendiendo combatir el golpismo en Honduras ha aceptado en ese caso el pretendido axioma de los golpistas del siglo XXI: que el único político demócrata en Tegucigalpa es Mel Zelaya y solo su presidencia puede garantizar la continuidad de la democracia en ese país. La OEA por un lado abrió la posibilidad de poner fin al aislamiento del gobierno cubano y semanas después decretó el aislamiento del Estado de Honduras. O sea, de su gobierno y sociedad civil en pleno.

El grupo del ALBA ahora impulsa dentro de la OEA sanciones económicas al pueblo de Honduras. Los que derraman lagrimas en todo foro internacional por el llamado “bloqueo” a Cuba por parte del país que hoy es su quinto socio comercial (Estados Unidos) demandan – paralelamente y ¡en nombre de la democracia!- imponer un completo bloqueo internacional a la nación más pobre de Centroamérica. Y nada menos que Fidel Castro y Hugo Chávez exigen al presidente de Estados Unidos que se sume a ese bloqueo como evidencia de su vocación democrática en la región. Cosas veredes….

Así –por motivaciones diversas- se intenta orquestar un tercer golpe de estado en Honduras -si es que que la derrocamiento constitucionl de Zelaya clasifica como tal- del que la OEA terminará siendo cómplice si no recapacita. Se presiona al pueblo para que deje de apoyar a los actuales gobernantes y termine abrazando al repudiado Zelaya como única solución a su desgracia. El chantaje combina una arbitraria ingeniería política internacional (“te hambreo hasta que repongas a Mel) con la violencia teledirigida por Caracas y La Habana (”te desangro hasta que repongas a mi aliado”). Seguramente no tendrán éxito, pero no por ello deja de ser una vergüenza.

Pero se impone otear más lejos. La salida definitiva al futuro que necesitan los hondureños pasa por procesos de empoderamiento ciudadano, protección de libertades e impulso a la equidad de oportunidades económicas y sociales. Si ellos no han sido plenamente garantizados hasta el presente por las clases hegemónicas en ese país tampoco lo iban a ser por una nueva oligarquía totalitaria similar a la que rige Cuba hace medio siglo.

La clave del porvenir sigue estando en expandir la democracia, no en sepultarla.



Granma y su Disney World

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¿Que pasaría si mañana un destacado opositor sobrevolara La Habana y desde una aeronave –facilitada por el Presidente de Estados Unidos- arengara a la población a enfrentarse a las fuerzas militares que custodian un aeropuerto para poder aterrizar e iniciar una insurrección?

¿Que sucedería si las arengas del opositor a los manifestantes se viabilizaran desde el avión usando una cadena de noticias vinculada a la Casa Blanca y un carro altoparlante -financiado también por ella- localizado en medio de la multitud?

¿Como reaccionaria a esa situación el gobierno cubano? ¿Habría derribado el avión y abierto fuego contra los manifestantes que hubiesen querido seguir las consignas lanzadas desde aquel asaltando a los militares? ¿Que dirían la OEA y la ONU?

Ese improbable escenario acaba de ser escenificado en Honduras, pero el gobierno cubano y su prensa se abstienen de imaginar estas posibles comparaciones. Su creatividad la invierten en otros menesteres. Desean sumir al ciudadano de a pie en un fantasioso mundo concebido por la propaganda oficial. Para ello han de superar la capacidad imaginativa de Walt Disney.

En el Disney World de Granma “el pueblo hondureño” vino espontáneamente a recibir a su único e indiscutible líder al aeropuerto de Tegucigalpa. Por cierto, ¿como sabían el lugar y la hora si al partir de Washington Zelaya dijo dirigirse a El Salvador y el piloto no pidió permiso para ingresar al espacio aéreo hondureño?

El objetivo de las acrobacias del avión de Hugo Chávez y las arengas que se lanzaban desde el aire era el de provocar a las tropas que protegían el aeropuerto y que se produjera una masacre. Después que sus fuentes de desinformación hablaron de balaceras y cinco muertos tuvo que conformarse con una sola víctima cuyo victimario –al decir del respetado Ramón Custodio, Ombudsman y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Honduras- no ha sido probado que hayan sido los militares.

Ayer la Sra. Xiomara Castro, esposa del depuesto Presidente, decidió abandonar su escondite para encabezar una manifestación callejera sin que ella ni los manifestantes –que esta vez se abstuvieron de acciones violentas- fuesen molestados.

Pero el Granma, que ya ha acusado a Obama de ser cómplice del derrocamiento de Zelaya, omitió decir que ella y su hijo habían estado refugiados desde un inicio en…. ¡la Embajada de Estados Unidos! Tampoco mencionó que hasta allí fue la manifestación a…. ¡agradecer a esa embajada su papel y la actitud constructiva de Washington en todo este proceso!

El Granma, ese valioso periódico multiuso cubano, tiene una tarea hercúlea por delante. ¿Recuerdan las incómodas evidencias que salieron de la laptop del difunto Comandante de las FARC Raúl Reyes? Creo que pronto conoceremos los detalles del modo en que operan los golpistas del siglo XXI en su estrategia regional de subversión de la democracia.

Deberían subirles también el salario a los creativos redactores del órgano oficial del Comité Central del PCC. Después de todo, hay que reconocer que su oficio no es nada fácil. Sobre todo desde que existen Internet y la TV satelital.



Pescando en aguas revueltas

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En pocos días Honduras ha experimentado dos golpes de estado de diverso estilo y naturaleza. En la balanza esta el futuro de esa nación centroamericana y de toda la región. Algunos buscan ahora pescar en esas aguas revueltas.

Hasta el pasado domingo el Presidente Zelaya -contra las leyes vigentes y la voluntad expresa de todas las instituciones (poder judicial, poder legislativo, tribunal electoral, partidos políticos (incluido el suyo), iglesias, y un largo etcétera- promovía una consulta anticonstitucional. Una cláusula “pétrea” (o sea, intocable) de la Constitución es la imposibilidad de reelección presidencial a cuyo cuestionamiento se dirigía el plebiscito. Con eso no se juega en Honduras. Dicho sea de paso, tampoco Fidel Castro permite consultas para cambiar el régimen cubano y por eso –después de la petición de un referéndum por el Proyecto Varela- incorporo una cláusula pétrea sobre el particular a la Constitución de 1976 y metió presos a los que promovían la consulta acusándolos de conspirar con un enemigo externo.

La iniciativa de Zelaya estaba inscrita en la nueva metodología de subversión antidemocrática sobre la que aun no existe una conciencia regional y para la cual la OEA no ha desarrollado todavía mecanismos apropiados de protección. Son los golpes del siglo XXI promovidos por los pretendidos “socialistas” del siglo XXI.

Frente a la acción inconstitucional de Zelaya –apoyada materialmente por Hugo Chávez-, el secuestro y expulsión del territorio nacional del presidente en funciones ejecutado por militares hondureños presenta la estética de los clásicos golpes de estado frente a los cuales la región y la OEA han creado mecanismos como la Carta Interamericana.

Pero lo ocurrido es tan inaceptable como lo que se pretendía impedir que ocurriera. Además es contraproducente.

De haberse iniciado un juicio criminal y otro político contra el Presidente Zelaya por las instituciones y poderes constitucionales dentro del Estado de Derecho hondureño, la maniobra golpista del ALBA se hubiera frustrado y la conspiración para suplantar democracias con regimenes caudillistas hubiera quedado expuesta a lo largo de ese proceso judicial. En virtud de la inaceptabilidad del procedimiento, ahora Zelaya se proyecta internacionalmente como victima inocente y absoluta de los militares hondureños.

Sin embargo, la soberanía de Honduras no será servida de manera adecuada si la salida a esta situación se procura desconociendo la legitimidad del resto de los poderes constitucionales vigentes en esa nación y pasando por alto la autoridad soberana que les asiste para proteger la Constitución frente al nuevo modus operandis de los golpistas autoritarios latinoamericanos. La OEA puede desconocer en las actuales circunstancias a Micheletti pero no al poder legislativo, judicial y electoral de Honduras, la Constitución del país y la soberanía nacional que asiste a las instituciones para atender y resolver un conflicto interno por cauces democráticos.

La comunidad regional tiene potestad para actuar frente a golpes militares contra los poderes constitucionales de los estados latinoamericanos. No la tiene para extender impunidad a un presidente frente al resto de los poderes democráticos que rigen un país, en menosprecio de su soberanía y Constitución.

La confusión creada con estos hechos alienta el aventurerismo de quienes sopesan el apoyo a posibles acciones “revolucionarias” dirigidas a provocar una espiral represiva en Honduras si Zelaya no se consolida como poder supremo. Es lo que han declarado. En ese sentido la comunidad regional tiene el deber de poner coto a las reiteradas amenazas y declaraciones intervencionistas de Hugo Chávez a propósito de los acontecimientos en Tegucigalpa.

En realidad no estamos frente al Socialismo del Siglo XXI, sino frente al Golpismo del Siglo XXI y se hace necesario crear la conciencia y construir los mecanismos de protección regional adecuados para contener este asalto a la democracia. Pero la gobernabilidad democrática –nadie debe olvidarlo- solo puede ser defendida con procedimientos de Derecho. Ese es el reto a resolver en la crisis hondureña.



OEA: paisaje después de la batalla

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Bajo augurios apocalípticos de parte de los gobiernos cercanos al cubano, se acaba de aprobar por consenso una resolución sobre Cuba en la OEA que contiene todos los elementos reclamados por los Estados Unidos. La postura de Washington, en esta ocasión, coincidía con las preocupaciones de todos aquellos que por muchos años trabajamos desde la sociedad civil regional por obtener la aprobación de la Carta Democrática Interamericana.

Lo que procuraba Fidel Castro al alentar a sus aliados a tirarse a fondo en este lance no era el regreso del gobierno de Cuba a esa institución. No había mentido. Es cierto que no lo deseaba –como tampoco le interesa, pese a sus ventajas económicas, entrar al Pacto de Cotonú o incluso a Mercosur- porque allí tendría que convivir con cláusulas relativas a los derechos humanos y –aun más importante- mecanismos para su protección. Es una diferencia sustantiva con aquella Cumbre Iberoamericana en que se pudo dar el lujo de firmar el apoyo a la democracia representativa sabiendo que no existían mecanismos que luego lo inspeccionaran sobre el particular. Su entrada al Grupo de Río la considera una breve transición en la esperanza de que UNASUR o el ALBA lo sustituyan tempranamente.

Los propósitos de Castro para esta asamblea de la OEA eran otros: a) arrinconar, más que a Estados Unidos, a la Administración Obama para nutrir su campaña de que este presidente es más de lo mismo y reducir su popularidad regional, así como entre la población y funcionarios cubanos; b) polarizar la OEA y llevarla al borde la ruptura; c) obtener una declaración de desagravio por la expulsión de 1962 y una mendicante invitación al gobierno cubano a que regresara a la OEA; d) atizar a los representantes cubano-americanos en el Congreso de EEUU para que promuevan el corte del apoyo financiero a la institución si se levantaba la sanción de 1962 motivada por la alianza en aquel momento de Castro con un país que ya no existe hace 18 años.

El resultado ha sido un texto que nada tiene que ver con los objetivos del anciano caudillo ni con algunos cintillos sensacionalistas de prensa que hablan del "reingreso del gobierno de Cuba sin condiciones".

Los tres elementos claves de la resolución son los siguientes:

a) El preámbulo recalca los principios claves en que se basa la OEA y que todavía presentan dificultades al reingreso de Cuba (entre ellos los de la democracia, derechos humanos y seguridad).

b) El primer párrafo operativo dice que deja sin efecto la resolución de 1962, pero no pide excusas al gobierno de Cuba -que fue en realidad el suspendido, no el Estado cubano- por la decisión tomada entonces.

c) El segundo párrafo operativo autoriza a iniciar un proceso de diálogo con el gobierno de Cuba si pidiese el reingreso. Algo extremadamente improbable mientras exista Fidel Castro. Pero la resolución especifica que el dialogo acerca de esa posibilidad ha de producirse a la luz de los principios y propósitos de la institución (antes recordados en el primer párrafo del preámbulo). Traducido al lenguaje común eso equivale a decir que si el gobierno de Cuba diese el paso de solicitar su reingreso-que ha reiterado no va a dar- no lo obtendría de forma automática, sino que se enfrentaría al inicio de un proceso de diálogo, cuya duración no se precisa, en que su solicitud se analizaría a la luz de los citados principios de la organización.

Esta era en esencia la posición declarada de antemano por Hillary Clinton. Los EEUU han obtenido la aprobación de su postura por consenso, sin ir a una votación que pusiera en evidencia la falta de unanimidad en torno a su propuesta y sin arriesgarse a perderla por no obtener los apoyos suficientes. Adicionalmente – y contrario a los objetivos de Fidel Castro- la Administración Obama ha reforzado su imagen conciliadora al aceptar como concesión lo que resultaba obvio: la inevitabilidad de levantar una sanción de 1962 cuyo texto aludía una alianza cubana con un país inexistente hace 18 años. Su ausencia en la organización se explica, a partir de ahora, por motivos mucho más vigentes y claros.

Citar por su nombre la Carta Democrática era innecesario y por eso podía ser utilizado como ficha de negociación para el consenso. Lo que no podía obviarse era que la democracia y los derechos humanos son hoy principios inseparables de la institución. Pese a su importancia hay muchos otros instrumentos y mecanismos en la OEA que se relacionan con la democracia y los derechos humanos. Mencionarlos todos era imposible y privilegiar la Carta sin recordar los restantes compromisos hubiera puesto en segundo plano a pactos y mecanismos de trascendental importancia como son la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o los acuerdos de seguridad y defensa hemisférica colectiva. El texto ha quedado fortalecido precisamente por el tratamiento genérico que hace de sus pilares fundacionales en vez de remitirse a uno sólo de sus instrumentos.

Fidel Castro ha de estar muy disgustado aunque haga su mejor esfuerzo por ocultarlo. Tiene motivos para estarlo. Obama y Clinton volvieron a escapar de su emboscada. Lo sucedido ha sido un triunfo importante para la Administración Obama cuya imagen conciliadora sale reforzada, sus amigos radicales no pudieron arrinconar a EEUU, dividir ni destruir a la OEA, no pudieron arrancarle un lagrimoso mea culpa por lo de 1962, ni tampoco socavar la vigencia de los actuales instrumentos sobre los que se asienta la organización. Y para colmo lo acordado se logró por un consenso al que se sumaron sus amigos allí presentes ante la imposibilidad de lograr otra cosa o ser ellos los que quedaran aislados.

Queda ahora por ver si los representantes cubano americanos en el Congreso de Estados Unidos le van regalar a Fidel Castro el único objetivo que le queda pendiente después de haber perdido los otros tres.

Seria un error garrafal que guiados por miopes consideraciones de política doméstica declarasen que Obama y Clinton perdieron la batalla de Honduras y promovieran una resolución para quitarles los fondos en el Congreso a la OEA. No sólo le darían razón a quienes no la tienen sino que adicionalmente contribuirían gratuitamente a nutrir el “antiyanquismo” regional en que florecen los populistas radicales.

Texto completo de la resolución aprobada

:LA ASAMBLEA GENERAL

:RECONOCIENDO el interés compartido en la plena participación de todos los Estados Miembros;

GUIADA por los propósitos y principios establecidos de la Organización de los Estados Americanos contenidos en la Carta de la Organización y en sus demás instrumentos fundamentales relacionados con la seguridad, la democracia, la autodeterminación, la no intervención, los derechos humanos y el desarrollo;

CONSIDERANDO la apertura que caracterizó el diálogo de los Jefes de Estado y de Gobierno en la Quinta Cumbre de las Américas, en Puerto España, y que con ese mismo espíritu los Estados Miembros desean establecer un marco amplio y revitalizado de cooperación en las relaciones hemisféricas; y

TENIENDO PRESENTE QUE de conformidad con el artículo 54 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General es el órgano supremo de la Organización,

RESUELVE:

1. Que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano, queda sin efecto en la Organización de Estados Americanos.

2. Que la participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA.



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Autor: Juan Antonio Blanco

Juan Antonio Blanco

Juan Antonio Blanco Gil. (Cuba) Doctor en Historia de las Relaciones Internacionales, profesor universitario de Filosofía, diplomático y ensayista. Reside en Canadá.
Contacto: jablanco96@gmail.com

 

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