El pasado seis de noviembre un grupo de jóvenes marchaba con carteles por la Avenida de los Presidentes en la barriada del Vedado de Ciudad Habana. Pedían el cese de la violencia política, social, económica, cultural y domestica que permea la sociedad cubana. La violencia como muro que impide ventilar las discrepancias de opinión e intereses de manera constructiva. Entre ellos marchaban destacados bloggers cubanos, cronistas incómodos de una tozuda realidad que, en Cuba, decenas de estaciones de radio, TV, periódicos nacionales y locales no desean reconocer.

El poder, -soberbio, cobarde y violento- no podía permitir semejante atrevimiento. Lo demás es historia: policías de civil detuvieron arbitrariamente a Yoani Sánchez y Orlando Luis Pardo, los golpearon, vejaron y luego abandonaron en una calle cualquiera. Antes los cubanos sufrimos a los sanguinarios “Tigres de Masferrer”. ¿Estos cómo se denominan? ¿Las “Jutías de Castro”?

Ese mismo día, a miles de kilómetros de distancia, quien suscribe estas líneas y un artista plástico en el exilio presentábamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA sobre la violación de la libertad de movimiento en Cuba. Se trata de un derecho universal e inalienable, consagrado en el Articulo 13 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas y contenido en casi todos los principales convenios humanitarios internacionales. Si bien nuestra denuncia respondía a la iniciativa privada de cinco cubanos ella expresaba el clamor de trece millones de compatriotas –once en la isla y dos en la diáspora.

Pueden ver el video completo de nuestra presentación en el enlace siguiente (es la cuarta que aparece en la lista):

http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0286&videotype=&sCollectionDetVideo=5

Los jóvenes que desfilaron por las calles del Vedado enfrentaron la represión al ejercer su derecho a expresarse libremente. Los que estamos a buena distancia de la porra “progresista” de los Castro somos llamados a reclamar nuestros derechos en alta voz. Entre ellos, la libertad ciudadana de entrar, salir, o residir en cualquier parte dentro o fuera de Cuba.

Los que fuimos a hacer nuestra denuncia a la CIDH no pensábamos el pasado viernes en el aniversario de la Revolución Rusa que evocaba el periódico Granma por estas fechas, sino en el de la caída del Muro de Berlín. Allí exigimos que se tumbe el que intenta distanciarnos de la nación de la que somos parte inseparable. Hoy pudiéramos decir, parodiando la memorable frase de Ronald Reagan cuando exigía de Gorbachev una evidencia clara de su voluntad de distensión: “General Raúl Castro, derribe usted ese muro”.

jablanco96@gmail.com

Entre los que reconocen que la actual política migratoria es obsoleta hay comunistas y anticomunistas, funcionarios y oposicionistas, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, trabajadores y profesionales, celebridades y cubanos de a pie. Si algo une a todos los cubanos es el rechazo a la política migratoria vigente.

En fechas recientes se han intensificado las denuncias y reclamos de los cubanos sobre este asunto. El tema ha surgido con fuerza en asambleas públicas en la isla, se ha presentado por grupos de cubanos ante organismos internacionales, recorre los sitios de la blogosfera cubana y resuena en declaraciones del exilio.

Bajo esa creciente presión, comienzan a aparecer artículos en medios de la isla y otros en el exterior afines al gobierno de Raúl Castro, en que se hacen piruetas con añejas justificaciones y se fomentan expectativas de mayor “flexibilidad”.

Comencemos por analizar las justificaciones. Entre ellas, la de proteger al país de elementos terroristas es la más socorrida. Pero Cuba no confronta más peligros de seguridad que España con la ETA, la India con los cachemiros, Estados Unidos con Al Qaeda o Argelia con los radicales islámicos, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, ninguno de esos países ha impuesto permisos de salida o entrada a sus ciudadanos para protegerse del terrorismo.

Tampoco es ya atribuible la situación actual a las pretendidas credenciales “socialistas” del gobierno cubano. China y Vietnam son regímenes de partido único y han normalizado su política migratoria.

No puede argüirse que las normas vigentes sirven para evitar la fuga de talentos. El “drenaje de cerebros” que dice temer el gobierno cubano no es mayor que el que se autoimpuso al desterrar de por vida a más de un millón de ciudadanos en los últimos cincuenta años.

Las consideraciones financieras tampoco se justifican. Los ingresos que el estado perdería si renunciara a cobrar los permisos y rebajase los exorbitantes precios de otros trámites resultarían ampliamente compensados por los recursos provenientes de la diáspora. Todo lo que se necesita es que le permitan a todos los cubanos incorporarse al desarrollo nacional mediante negocios familiares conjuntos e inversiones en la isla, como puede hoy hacer cualquier extranjero. No debe olvidarse que los capitales y remesas de los chinos de ultramar fueron los que permitieron el despegue inicial de ese gigante.

Pasemos entonces revista a las nuevas migajas que, al parecer, quieren ahora lanzarnos.

Algunos ya comenzaron a hablar de la supresión del permiso de salida del mismo modo que –dicen – se suprimió antes el permiso de entrada, o sea, “habilitando” el pasaporte. Las llamadas “habilitaciones” constituyen en realidad permisos múltiples de entrada o salida que se otorgan a capricho y se pueden retirar de igual manera y sin que medie explicación alguna. Con ellos se continua violando el derecho de los cubanos a salir y entrar libremente al país en que nacieron sin pedir permisos sean ellos múltiples u ocasionales. ¿Cambiaremos después de cinco décadas la libertad de movimiento por controles de nuevo tipo? No, gracias.

La otra carnada es comercial. Algunos creativos funcionarios creen haber encontrado una fórmula para traspasar recursos de nuestros bolsillos al estado cubano. ¿Cómo? Ofreciéndonos pagar seguros médicos para ser atendidos en la “potencia médica” cubana. El socialismo cubano tiene la inveterada costumbre de crear productos y servicios de dudosa competitividad antes de averiguar si a alguien realmente le interesan. Esta no ha sido la excepción. Pero eso no es lo más grave. Para ofertar un sistema de atención médica dolarizada a la diáspora tendría que romperse el principio de universalidad en el acceso de los cubanos a esos servicios. Los que se acogieran a semejante oferta traicionarían un derecho básico de sus familiares y amigos en la isla. ¿Se trata acaso de que el gobierno quiere abandonar la “gratuidad” de la medicina y este es el primer paso?

En resumen: Es bueno que sepan que en esta ocasión no podrán escapar del debate con viejos pretextos, ni resultan aceptables nuevas limosnas.

Mi mensaje a los inmovilistas: no sigan perdiendo el tiempo. Hagan lo único decente e inteligente en este caso; respeten el derecho de libre movimiento de los cubanos.

El pasado 28 de octubre, día de San Judas, el de las causas difíciles y desesperadas, un par de docenas de organizaciones de exiliados denominadas “Consenso Cubano” presentaron una declaración con el reclamo de diez medidas humanitarias en beneficio de las familias cubanas.

Es curioso que la gran prensa considera meritorio resaltar en sus primeras planas los debates del Congreso de Estados Unidos sobre el derecho que asiste a los ciudadanos de ese país de poder viajar de turistas a Cuba pero no encuentran relevante el tema del derecho de trece millones de cubanos de entrar y salir libremente del país en que nacieron.

Es deber entonces de la blogosfera cubana pasar la voz de que hay quienes desean llamar la atención sobre el asunto. Es por ello que cumplo con mi parte y reproduzco a continuación las diez medidas en beneficio de las familias cubanas que fueron reclamadas por segunda vez –la primera fue hace tres años- por estas organizaciones.

En aquel momento, bajo la Administración Bush, se demandaron otros puntos adicionales a Estados Unidos que en su totalidad han sido acogidos y están ya en proceso de implementación por el Presidente Obama. Pero las autoridades de La Habana han desconocido hasta hoy los reclamos que se le hicieran en el 2006 a ambos gobiernos. Las medidas que le¨correspondería poner en marcha aparecen a continuación.

“1. Supresión de los permisos que exige el gobierno cubano a sus ciudadanos para entrar y salir del país y derogación de la categoría migratoria de salida definitiva.

2. Supresión por parte del Gobierno Cubano de las regulaciones y leyes que impiden a los cubanos el establecer libremente su residencia, de manera temporal o permanente, en Cuba o el exterior.

3. Eliminación de los pagos en moneda extranjera para los trámites necesarios para salir de Cuba y revisión de los impuestos y tarifas para ponerlos acorde a los estándares regionales.

4. Supresión por parte del Gobierno Cubano de la confiscación de bienes, pérdidas de empleo y otras medidas de hostigamiento contra los emigrantes.

5. Priorizar y dar facilidades migratorias para casos de reunificación familiar.

6. Modificación por parte del Gobierno Cubano de las tarifas telefónicas de larga distancia para ponerlas acorde con los estándares regionales.

7. Liberalizar y facilitar el acceso a la ciudadanía en Cuba a la red (Internet) y a sistemas de mensajería electrónica (e-mail) con tarifas que correspondan con los estándares regionales.

8. La derogación de todas las medidas que restringen el acceso de la población cubana a la adquisición de equipos de computadoras y comunicaciones.

9. Derogación por parte de Cuba de los impuestos excesivos y restricciones sobre las remesas y paquetes de ayuda recibidos del exterior, tomando como indicador los costos de mercado prevalecientes la región.

10. Permitirle a los cubanos en la Isla la utilización de las remesas y ayuda familiar para el establecimiento de pequeñas empresas y actividades de auto empleo.

Para Consenso Cubano las medidas aun vigentes que limitan a los cubanos la libertad de poder viajar libremente, salir o regresar a Cuba sin pedir permisos, -sea por motivaciones privadas, humanitarias o de reunificación familiar-, la capacidad y libertad de poder tener acceso a comunicación fluida entre la población de la isla y su diáspora, así como de poder enviar y recibir libremente ayuda familiar y personal, son violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos, y dañan de forma particular a nuestras familias”.

jablanco96@gmail.com

En semanas recientes las oficinas del Presidente Obama han recibido una copiosa lluvia de cartas y todo tipo de propuestas, tanto personales como institucionales, sobre Cuba. El correo de Santa Claus y los Reyes Magos resulta pálido en comparación. Muchas son de personas independientes, cualquiera que sea su forma de ver las cosas. Otras responden a campañas del lobby a favor y en contra de la política vigente hacia la isla. Casi todas coinciden –al igual que el autor de estas líneas- con la pertinencia de levantar de inmediato las restricciones de viajes y remesas a los cubanos residentes en Estados Unidos. En otros asuntos se bifurcan las perspectivas.

Hay sin embargo un tema que goza de un inmenso consenso interno en la isla –incluso entre muchos militantes y funcionarios- y los cubanos radicados en el exterior: la necesidad de que Cuba estandarice los procedimientos y trámites migratorios y de viaje. El tema de los derechos de los migrantes cubanos es poco conocido, menos atendido e incluso ampliamente tergiversado. Es hora de clarificarlo y ponerlo sobre la mesa.

Se llama stakeholder a aquellos que son parte interesada en un conflicto. Los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos no son las únicas partes interesadas (stakeholders) del conflicto migratorio bilateral. La tercera -y principal- es la gente afectada por sus respectivas políticas. Hay que asegurar que los intereses y derechos de ese tercer stakeholder sean tenidos en cuenta en cualquier revisión del status quo actual. Es por ello que no dirijo estas líneas a Barack Obama, ni a aquellos ciudadanos de su país legítimamente interesados en defender su derecho a viajar a Cuba, sino a mis compatriotas afectados en el suyo a viajar, migrar y regresar a su patria sin requerir para ello de autorizaciones del gobierno cubano. Sean comunistas o anticomunistas, funcionarios o ciudadanos de a pie, vivan en la isla o radiquen en otro país, la actual arbitrariedad migratoria los afecta a todos.

Siempre he creído que los movimientos monotemáticos de la sociedad civil son imprescindibles, y complementan a aquellos otros que procuran “soluciones generales” con propuestas programáticas y a menudo maximalistas. La necesidad de concertar voluntades -dentro y fuera de la isla- sobre este tema que trasciende las tradicionales divisiones ideológicas que padecemos me parece asunto tan evidente como urgente.

No se reclama un derecho propio de este o aquel sistema político. Estados Unidos, España, India, Rusia y China tienen en común el respeto a los derechos en este campo, a pesar de las probadas amenazas a su seguridad provenientes del terrorismo interno a veces apoyado desde otros países. Si a los estadounidenses corresponde clamar por su derecho constitucional de viajar a Cuba, a nosotros nos toca defender el de salir y entrar al país en que nacimos sin pedir permiso a sus autoridades y sin que los potenciales migrantes sean despojados de sus pertenencias y desterrados por vida. Desear probar fortuna en otra parte para poder ayudar a sus familias -como ocurre a cualquier otro migrante- no es ya una intención criminal y penada salvo en Cuba y Corea del Norte.

Los permisos para visitar el país que el gobierno cubano otorga o niega selectivamente a nuestros ciudadanos son tan humillantes como los salvoconductos que las autoridades coloniales –en pretendida muestra de “generosidad y tolerancia”- extendieron en su momento a Martí y Maceo. Lo son más en un mundo globalizado de masivos flujos laborales y migratorios.

El tema no es “flexibilizar gradualmente” las violaciones de derechos a los migrantes cubanos, sino respetarlos de manera inmediata, cabal e irrestricta. Los derechos son eso: derechos. No se tramitan ni agradecen.

Los intentos gubernamentales dirigidos a normalizar los flujos migratorios cubanos hacia el exterior no serán exitosos si se pretende ignorar los derechos e intereses de los emigrantes cubanos.

La proximidad de las fiestas navideñas me devuelve al tema de la familia cubana. El interesante artículo de Yaxis Cires Dib, Juventud y emigración, (Cubaencuentro; 22/ 12/ 2008) conecta con ese tópico e invita a profundizar en las diferencias generacionales de la diáspora cubana. Sin embargo, me gustaría sugerir que, en este caso, usáramos un concepto diferente al de daño antropológico para propiciar el inicio de un diálogo intergeneracional. Demasiadas investigaciones académicas y encuestas se han encargado hasta ahora de resaltar las diferencias.

Las generaciones no son buenas o malas; sanas o dañadas; normales o anormales. Son, simplemente, diferentes. Si se dice que la nueva generación viene “dañada” habría que preguntarse de cuáles daños estaba afectada la que precedió y abrió espacio a la actual situación cubana. Si unos salen “dañados” del manicomio sin rejas que hoy es la isla, ¿qué podría decirse de quienes contribuyeron a edificarlo desde la época republicana? ¿No eran daños antropológicos el mesianismo, la fe puesta en la aparición de grandes “salvadores” en lugar del fortalecimiento de las instituciones democráticas, el culto a la violencia, la intolerancia política y otras lindezas que padecieron las generaciones anteriores? Debiéramos ser prudentes al emitir opiniones sobre cualquier generación, sea anterior o posterior a aquella a la que pertenecemos.

Sobre las actitudes “políticas” de la diáspora cubana reitero los siguientes criterios:

1- Los únicos que, eventualmente, pueden ser llamados "emigrados" son los que tienen el PRE (“permiso de residencia en el exterior”) quienes constituyen una minoría dentro de la diáspora cubana. Son ellos los que pueden salir y entrar al país, así como residir fuera, sin que sus propiedades sean confiscadas. Sus actitudes y conducta tienden a diferir de las del resto de los cubanos en el exterior, sea por convicción o conveniencia.

2- Los que pueden ser considerados "exiliados" son aquellos que huyeron o se marcharon de Cuba por considerar -de manera consciente- que sus ideas, conductas y aspiraciones sociales son incompatibles con el modelo de sociedad que impone el régimen que allí prevalece. No obstante, este sector defiende - por principio- su derecho como ciudadanos cubanos a visitar o radicarse nuevamente en la isla, aunque no tengan incluso interés en ejercerlo. Una parte de ese exilio es políticamente activo (de forma personal u organizada) y otra no. Unos expresan de manera pública sus ideas y otros prefieren reservárselas. El exilio organizado y activo constituye hoy una fracción también minoritaria de la diáspora cubana.

3- La inmensa mayoría de la diáspora la compone una masa de desterrados, no por opción propia, sino por decreto gubernamental ("salida definitiva"). Para no pocos de ellos -a diferencia de muchos de los exiliados- volver a su país a seguir viviendo bajo el mismo régimen "sin decir ni hacer nada que les busque problemas mientras estén afuera” sería una opción aceptable. Sin embargo, afirmar que son por ello "apolíticos" constituye una valoración arriesgada. Si no se suman a las organizaciones del exilio es, en parte, porque no desean “marcarse” ante el respectivo consulado y exponerse a que se les niegue el “permiso de entrada” para visitar a sus familiares en Cuba. Pero también porque no han encontrado en estas organizaciones ninguna propuesta que atienda sus demandas (que son muy limitadas y específicas), ni conectan emocional o intelectualmente con sus plataformas y discurso. La condición de desterrados y los abusos financieros a que el régimen los somete en unión de sus familias -costos de llamadas y remesas, aduanas, pasaportes, altos precios en los shoppings-, tienen, sin embargo, naturaleza política y representan su zona de fricción principal con el actual régimen Pero esos no son temas prioritarios para un exilio que prefiere hablar de la "solución final". Para algunos de sus miembros, limitarse a llamar la atención acerca de estos temas humanitarios -que países neocomunistas como China y Vietnam han ya trascendido- es ser apolítico, cobarde o incluso "traidor".

Lo dicho más arriba no pretende juzgar las actitudes de unos y otros, sino constituye apenas un intento por apuntar y comprender algunas de las diferencias generacionales dentro de la diáspora. Es comprensible que aquellas personas de anteriores generaciones -que vieron sus familiares fusilados o sufrieron largas condenas de cárcel- no entiendan la lógica de algunos de esos desterrados, quienes ni siquiera están dispuestos a defender sus demandas humanitarias inmediatas si calculan que ello les supone algún riesgo. Pero muchos miembros de esa nueva generación creen, en términos prácticos, que el sacrificio de las anteriores –cuya magnitud no siempre conocen ni entienden del todo- fue improductivo, ya que el régimen al que se enfrentaron sigue en pie. Si Pablito Milanés les pregunta hoy a los revolucionarios cubanos "¿Valió la pena?", estos nuevos desterrados le presentan la misma interrogante al exilio. Eso duele tanto en La Habana como en Miami. Y el dolor fomenta rencores y nuevas incomprensiones intergeneracionales.

Sería provechoso que los miembros de diversas generaciones de cubanos hoy radicados en el exterior dialogasen sobre sus experiencias y perspectivas. Es muy posible que descubran zonas de consenso que no son subrayadas en las encuestas de opinión. Mientras tanto, "no juzgarás" es, en este tema, un mandamiento de pertinente recordación a propósito de las Navidades.

¡Felicidades a todos!