La OEA y el tercer golpe de estado

Honduras fue escenario de uno de los golpes de estado “a plazos” del pretendido socialismo del siglo XXI. Al igual que ya habían hecho exitosamente en otros países, los impulsores de la revolución bolivariana pusieron en marcha un plan de influencia sobre personas y sectores hondureños. Estaba dirigido a crear las bases de apoyo social para proceder a un cambio de la naturaleza y estructura del Estado.

Pero para sorpresa de Zelaya y sus amigos, los restantes poderes constitucionales en Honduras no estaban dispuestos a ver en su país lo ya sucedido en otras latitudes. Dispusieron el arresto del presidente por su insistencia en violar leyes, trasgredir funciones y tomar una base aérea para rescatar las urnas y boletas que Chávez le había enviado para organizar un plebiscito cuestionando la Constitución.

Sucede que los militares encargados de cumplir la orden de arresto legalmente radicada, tomaron la iniciativa ilegal de depositarlo en payamas en San José de Costa Rica. El resto de los acontecimientos –a excepción de esa inopinada acción del comando que permitió la fuga de aquel a quien tenían que arrestar- trascurrió según el orden constitucional vigente. Se sustituyó al presidente según lo normado por la Constitución y ningún civil fue desplazado de su cargo por un militar. No se realizaron arrestos masivos, nadie desapareció, fue torturado y lanzado desde un helicóptero, ni aparecieron cadáveres flotando en los ríos. Pero la estética aportada por el comando que arrestó y expulsó a Zelaya –militares encapuchados que deportan de madrugada al presidente electo- removió la terrible memoria regional de anteriores interrupciones de la democracia.

Así las cosas, los golpistas del siglo XXI acusaron al resto de los poderes constitucionales en Honduras de actuar como golpistas del pasado siglo. Detrás salieron intelectuales y gobiernos “políticamente correctos” a sumarse al coro condenatorio pese a la escasa información y conocimiento que tenían sobre los antecedentes y el contexto en que ocurrieron los hechos.La crisis constitucional provocada por la vioacion presidencial de la Carta Magna fue declarada un "golpe de estado" pese a que ese documento autoriza remover al presidente si intenta modificar lo referido a la imposibilidad de reelecciones (Art. 239)..

Ante esos hechos, la OEA debió haber demandado que se enjuiciara a los militares que desbordaron el mandato judicial que habían recibido al deportar –en vez de arrestar- a Zelaya. Tenía que haber apoyado a los restantes poderes constitucionales y fiscalizado el que los militares no hubiesen desplazado a los civiles o manejado a su antojo la situación interna. Debió haber realizado una inspección sobre el terreno y hecho un análisis crítico de lo sucedido formulando su recomendación –no ultimátum- a los poderes públicos y la sociedad civil del país. Pero la organización interamericana pretendió lo inadmisible: imponer -a quienes ya ejercían poderes electos y constitucionales en el país mucho antes de la salida de Zelaya - la caprichosa formula de su retorno decretando que era la única “admisible” en el caso de Honduras.

La OEA –que por varios años no ha sabido actuar ante el golpismo bolivariano- no sólo no ha rectificado el craso error cometido en Honduras, sino que ahora se encamina a desconocer de antemano el resultado de unas elecciones nacionales que todavía no se han realizado. Proceso abierto a observadores independientes de otros países, y cuya preparación –incluida la elección de los candidatos- se había iniciado 14 meses antes de ser expulsado Zelaya de Honduras con presencia in situ de la Organizacion de Estados Americanos..

La OEA –una institución necesaria, pero de cuestionable eficacia- viene actuando de forma contradictoria. Pretendiendo combatir el golpismo en Honduras ha aceptado en ese caso el pretendido axioma de los golpistas del siglo XXI: que el único político demócrata en Tegucigalpa es Mel Zelaya y solo su presidencia puede garantizar la continuidad de la democracia en ese país. La OEA por un lado abrió la posibilidad de poner fin al aislamiento del gobierno cubano y semanas después decretó el aislamiento del Estado de Honduras. O sea, de su gobierno y sociedad civil en pleno.

El grupo del ALBA ahora impulsa dentro de la OEA sanciones económicas al pueblo de Honduras. Los que derraman lagrimas en todo foro internacional por el llamado “bloqueo” a Cuba por parte del país que hoy es su quinto socio comercial (Estados Unidos) demandan – paralelamente y ¡en nombre de la democracia!- imponer un completo bloqueo internacional a la nación más pobre de Centroamérica. Y nada menos que Fidel Castro y Hugo Chávez exigen al presidente de Estados Unidos que se sume a ese bloqueo como evidencia de su vocación democrática en la región. Cosas veredes….

Así –por motivaciones diversas- se intenta orquestar un tercer golpe de estado en Honduras -si es que que la derrocamiento constitucionl de Zelaya clasifica como tal- del que la OEA terminará siendo cómplice si no recapacita. Se presiona al pueblo para que deje de apoyar a los actuales gobernantes y termine abrazando al repudiado Zelaya como única solución a su desgracia. El chantaje combina una arbitraria ingeniería política internacional (“te hambreo hasta que repongas a Mel) con la violencia teledirigida por Caracas y La Habana (”te desangro hasta que repongas a mi aliado”). Seguramente no tendrán éxito, pero no por ello deja de ser una vergüenza.

Pero se impone otear más lejos. La salida definitiva al futuro que necesitan los hondureños pasa por procesos de empoderamiento ciudadano, protección de libertades e impulso a la equidad de oportunidades económicas y sociales. Si ellos no han sido plenamente garantizados hasta el presente por las clases hegemónicas en ese país tampoco lo iban a ser por una nueva oligarquía totalitaria similar a la que rige Cuba hace medio siglo.

La clave del porvenir sigue estando en expandir la democracia, no en sepultarla.