Vale la pena meditar sobre tres noticias de la pasada semana .

Por un lado, impidieron por la fuerza a las Damas de Blanco protestar por la renuencia de las autoridades a discutir con ellas, de manera directa, sus peticiones. Por otro, le negaron a Yoani Sánchez el permiso de salida para recoger en Madrid su premio Ortega y Gasset.

Las imágenes de las Damas de Blanco siendo arrastradas por policías hacia un bus y la negativa del “permiso de salida” a la bloggera de Generación Y, recorrieron los medios de comunicación de todo el mundo.

¿Representaban esos dos casos algún desafío a la seguridad nacional? Por supuesto que no.

Otra noticia.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) entregará 1,5 kilos de cereales fortificados al mes, durante cinco años, a medio millón de niños afectados por anemia en el oriente cubano, en un proyecto por un valor de 11,5 millones de dólares, anunció la institución.

Lisset Selva, consultora del PMA, explicó a Granma Internacional que en las cinco provincias orientales el 62% (500,000) de los niños entre seis meses y un año padece una ligera anemia; asimismo, el 53% de los situados entre 2 y 3 años; el 28% de los de cuatro años, y 13% de los de cinco años.

Algunos datos que hacen meditar son los siguientes:

• Los campesinos privados, con apenas el 4% de las tierras cultivables, producen dos tercios de todos los alimentos.
• El 84% de los alimentos que se consumen en Cuba son importados.
• Estados Unidos, pese al embargo, constituye el séptimo socio comercial de la isla y es su principal suministrador de productos alimenticios.
• Cuba tendrá que gastar en el 2008 más de 1,900 millones de dólares para importar la misma o menor cantidad de alimentos que adquirió el pasado año por 1,600 millones. Al menos la mitad de esa cifra llega a Cuba por vía de remesas familiares que luego terminan en manos del Estado que monopoliza los servicios y las ventas al detalle.

Ténganse en cuenta también estas variables:

• La temporalidad del mandato presidencial de Hugo Chávez –y de la bonanza de subsidios de esa procedencia- que concluye en el 2013.
• La permanencia en la tendencia alcista de los precios mundiales del petróleo y alimentos.
• La previsible eventualidad de que ocurran desastres naturales de cualquier tipo que agraven la situación.
• En la zona sur oriental de la isla se considera que el 58% de la población vive en condiciones de pobreza mientras que en la Ciudad de La Habana el 23% se auto clasificó como pobre y otro 23 % como casi pobre para un total de un 46% según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas. Una parte de esas personas viven en las 8,000 viviendas que albergando a unas 26,000 personas se han declarado en peligro de derrumbe en la capital.

¿Representan estas situaciones una amenaza a la seguridad nacional? Por supuesto que sí.

No basta, por ejemplo, con reconocer que una hambruna crearía una crisis de gobernabilidad. Hay que obrar en consecuencia revolucionando – con la urgencia que demanda una genuina emergencia nacional- todas las estructuras y concepciones que han impedido producir alimentos en un país con clima apropiado para ello.

La solución a la crisis alimentaria no se resolverá –como ya insinúan algunos funcionarios- haciendo concesiones para atraer a las transnacionales. Esas corporaciones existen para hacer ganancias no para resolver hambrunas. Están interesadas en contratar las mejores tierras para producciones destinadas, al menos en parte, a mercados externos y llevarse la mejor cuota posible de dividendos.

El gobierno cubano tiene otra opción cuando menos complementaria: podría permitir la capitalización de las remesas y las operaciones de microcréditos para la producción agropecuaria. Las ganancias irían íntegramente a los productores y los productos a la población. Si la Diáspora ya financia de hecho el consumo de alimentos de una parte de la población (sus familiares), ¿por qué no permitir que financie producción para todos y abrir espacio de ese modo a que participe en el desarrollo nacional? Sería un buen modo de convertir esta crisis en una oportunidad para dar comienzo a la reunificación de una nación dividida. Una manera de comenzar a “normalizar relaciones” con la Diáspora en lugar de esperar a hacerlo con Washington. De hecho, el progreso que se registre en lo primero facilitará lo segundo.

Entender la naturaleza multidimensional de la seguridad y la gobernabilidad supone que los gobernantes cubanos comprendan la necesidad de cambiar sus perspectivas y actitudes tradicionales en esos temas. Asegurar tres comidas diarias no será posible sin avanzar hacia el restablecimiento de libertades básicas y autonomía ciudadana.

De haber arribado a esa nueva comprensión en lugar de enviar policías a las Damas de Blanco, les hubiesen extendido una invitación a conversar. O en lugar de dedicar innumerables horas a sopesar las consecuencias de otorgar o negar el permiso de salida a una bloggera cubana, habrían ya derogado el sistema migratorio estalinista aun vigente.

Hay un dato inescapable: vivimos otra época. La revolución más urgente es la de nuestro pensamiento. La seguridad que necesitamos es la de asegurar nuevas reglas de convivencia en un marco de bienestar compartido.

Sin acceso masivo a Internet la sociedad cubana no podrá entrar en el nuevo proceso civilizatorio de la información. Al país le ocurrirá algo similar a lo sucedido a aquellos grupos humanos que permanecieron anclados en sociedades agrícolas o nómadas mientras la civilización industrial se expandía por el resto del orbe.

Es por eso que lamento tanto que se busquen subterfugios para escamotear a la isla el desarrollo a que tiene derecho.

El pasado mes de mayo se publicaban en la isla estas declaraciones de un Vice ministro de Comunicaciones:

"No tenemos ninguna preocupación de que los ciudadanos se conecten (a Internet) desde su casa, pero hay problemas de carácter técnico y de recursos de los que el país no dispone" (…) "Por culpa del bloqueo (de Estados Unidos), nosotros no tenemos acceso a la fibra óptica que rodea el país y eso limita mucho nuestro acceso a Internet internacional".

Después que el ciclón Andrew dañara el cable analógico de la ATT con Cuba esa corporación, con autorización del gobierno de Clinton, propuso a La Habana repararlo y tender otro adicional de fibra óptica para operar en lo adelante con dos cables que trabajasen de modo simultáneo. Todo ello costaba una fracción de la conexión submarina que ahora se pretende lograr con Venezuela y además se instalaba en brevísimo tiempo. Es pertinente recordar que Fidel Castro desdeñó esa oferta.

Por otro lado, la estación terrena de comunicaciones por satélite con tecnología francesa, instalada en la isla con motivo de los Juegos Panamericanos desde 1991, puede ampliar de manera inmediata y casi ilimitada el flujo de comunicaciones incluyendo las que se realizan vía Internet. El embargo no es un impedimento a esa opción. Basta con contratar canales adicionales de la misma estación satelital y dedicarlos a Internet. El problema está en otra parte. Radica en la persistencia de la vocación totalitaria que privilegia el control sobre las comunicaciones por encima de las necesidades del desarrollo.

La competitividad en la economía global depende hoy de la capacidad que se tenga para que cada sector y esfera de la sociedad pueda sacar provecho a la altísima velocidad de los procesos mundiales de información. Pero eso no es factible con niveles de conectividad con el World Wide Web peores que Haití y siendo el cuarto país más lento del mundo al interactuar con esa red de redes. En toda la capital existen actualmente solo dos cyber cafés para más de dos millones de habitantes.

La justificación alternativa a echarle la culpa al "bloqueo de Estados Unidos" por esa situación es decir que el control sobre Internet resulta, en las condiciones de Cuba, indispensable para la seguridad nacional. El argumento, sin embargo, no se sostiene. Para aceptarlo se hace necesario desconocer que países muy afectados por el terrorismo no se privan de esa herramienta para así evitar un ataque, sino buscan otras modalidades con las que protegerse de ese flagelo. El problema radica en pensar las comunicaciones de una nación desde la estrecha perspectiva policíaca. Lo que en realidad afecta la seguridad nacional es la baja conectividad con Internet que impide el desarrollo de la isla.

La concepción estalinista de la seguridad nacional consiste, en esencia, en facilitar el trabajo de la policía a expensas del desarrollo. Meternos a todos en una aséptica urna a prueba de virus externos constituye la máxima aspiracion de sus promotores. Para ellos sería mejor que no hubiese turismo, ni correos, ni sistema telefónico en el país. Así el grado de seguridad -según la entienden- sería supuestamente mayor y la policía trabajaría menos que ahora. Desde su perspectiva, anclada en mentalidades del pasado siglo, la pereza del vigilante es sagrada, pero el desarrollo nacional no lo es.

Sucede que el sorprendente llamado a “domar el potro salvaje de Internet” -curiosa visión de "rodeo" campestre para lo que constituye un tema de alta tecnología- es tan iluso hoy como lo fueron en su momento las pretensiones del movimiento anti industrial a inicios del siglo XIX. Pero quienes lanzan esas consignas siguen creyendo más importante impedir que alguien pueda leer el blog de Yoani Sánchez que facilitar la transformación exitosa de Cuba en una sociedad de la información.

Se quiere controlar el presente y futuro con la lógica del pasado cuando una nueva época se nos viene encima.

En la isla, el régimen totalitario necesita de un enemigo externo que infunda el temor al cambio y por ello anda siempre a la caza de actitudes y hechos que nutran la cada vez más deteriorada leyenda de la mafia miamense. Conozco personas contrarias al régimen cubano que todavía dicen por lo bajo, “pero me preocupa que se meta esa gente de Miami”. Llevan cinco décadas consumiendo una caricatura de Miami que es un híbrido entre Esteban Ventura Novo y Tony Montana. Lamentablemente hay representantes de la prensa internacional que por facilismo también alimentan viejos estereotipos sobre los exiliados de la isla.

La diáspora cubana, sin embargo, incluye pero no se limita al grupo de personas que frecuenta ciertos cafés en la Calle 8 como quieren hacer creer algunos periodistas. Hoy son más de dos millones de personas de varias generaciones, portadoras de múltiples ideas y localizadas desde Alaska hasta Australia. Miami sigue siendo, en efecto, el lugar donde un mayor número de cubanos desterrados intentan rehacer sus vidas y ayudar a los que dejaron atrás. Eso es digno y respetable. Ellos, y toda la diáspora de desterrados cubanos –porque eso es lo que somos- diseminados por el planeta, son parte de la nación. La otra está en Cuba. Unirlas debiera ser la prioridad primera.

Lo que hoy vivimos es una vergüenza que ni la afiliación ideológica del estado cubano puede ya explicar. China, gobernada por el partido comunista, se siente orgullosa de que Yao Ming, estrella del NBA en Estados Unidos, abra el desfile olímpico junto a un niño sobreviviente del terremoto que asoló aquel país y a cuya recuperación contribuyó este atleta. Por su parte, el actual gobierno cubano le hace el juego a su rencoroso Asesor en Jefe que acusa de traidores a aquellos deportistas que han deseado medirse contra profesionales de su especialidad y exige que nunca se les permita volver a su patria. Quiere seguirlos excluyendo de la nación a la que pertenecen.

La “nación” –entiéndase- no es una isla llena de palmas; somos nosotros, nuestras familias, amistades y sueños. Los que están dentro y fuera de Cuba. Nuestras ideas y preferencias no deciden nuestra condición de cubanos como pretenden algunos. La soberanía nacional tampoco es una prerrogativa estatal. Es el derecho que todos tenemos a expresar y hacer cumplir nuestra voluntad. Es prerrogativa del pueblo; no del Estado ni de un gobierno que la ha conculcado y pretende ejercer su representación.

El tema de quién es el soberano viene muy al caso cuando el gobierno por un lado enmudece mientras en Moscu se discute abiertamente la conveniencia de establecer bases en la isla y luego corre a vociferar su apoyo a los rusos cuando aquellos entran en algún conflicto con países en su periferia. ¿A cuánta gente en Cuba le interesa que se haga un rápido pronunciamiento gubernamental sobre la invasión de Ossetia del Sur mientras el pueblo ha venido esperando reformas imprescindibles de las que cada vez se habla menos?

Todos somos la nación cubana, la soberanía es nuestro derecho y la patria a todos pertenece. El totalitarismo fragmentó la nación y desea mantenernos en esa condición. Solo reunificando lo que hoy pretenden aislar es que podemos hacer valer nuestra voluntad soberana sobre ese estado y gobierno.

Un muro no se quiebra construyendo otros. Cuando tumbemos los que existen –como ocurrió al caer el de Berlín- el totalitarismo cubano tendrá sus días contados porque fragmentar la nación, separando y contraponiendo a sus hijos, es un pilar central de su estrategia de poder. No permitamos que la pasión y la lógica del rencor –por comprensibles que sean- nos conduzcan a colaborar con la política totalitaria.

Aíslese el totalitarismo; unamos la nación. Entonces, ¿qué hacemos para lograrlo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar los muros que nos dividen?

Así declaró Fidel Castro en una Reflexión sobre las recientes medidas humanitarias de Obama. Tiene mucha razón: los cubanos no queremos limosnas.

Vale la pena, entonces, destacar las limosnas que rechazamos y lo que demandamos incondicionalmente del gobierno cubano.

No queremos que “flexibilicen gradualmente” las normas migratorias y de viajes. Demandamos la supresión de los permisos de entrada y salida del país, el derecho a migrar y retornar libremente, la liberación de los parientes que tienen de rehenes sin permitirles la reunificación familiar y el cese de todas las represalias contra los que desean migrar hacia el exterior o dentro de Cuba.

No queremos que nos “autoricen” a mantener contactos con nuestros familiares. Demandamos la abolición del pago de trámites para ir a nuestro propio país, el reconocimiento del uso de pasaportes de aquellos países donde somos ciudadanos, la reducción de tarifas telefónicas y de los impuestos sobre remesas, las cuales son las más altas del Hemisferio Occidental y de las más caras del mundo.

No queremos que se amplíe “gradualmente” el uso “social” de Internet. Demandamos ejercer el derecho a acceder a la red de redes mundial –no al controlado Intranet- sin “filtros”, pagando en moneda nacional y desde cualquier parte del territorio nacional, incluyendo los hogares.

No queremos que se entreguen tierras en “usufructo” por diez años, donde no se puede residir para labrar la tierra. Demandamos una verdadera reforma agraria que entregue los latifundios estatales improductivos a quienes los hagan producir.

No queremos “autorización” para adquirir celulares y acceder a hoteles. Demandamos que la moneda nacional sea una sola y que los precios de esos y todos los servicios se correspondan con los niveles del salario medio y su poder adquisitivo.

No queremos una política informativa “más critica y abierta”. Demandamos el libre acceso a todas las fuentes de información por medio de la TV satélite e Internet y el derecho a diseminar criterios e informaciones por esas vía y en la prensa nacional sin esperar ser reprimidos por ello.

No queremos que el Partido y el Estado nos “autoricen” cada cierto número de años a decir lo que pensamos sin temer represalias. Demandamos la inmediata e incondicional cancelación de toda la legislación represiva que tipifica como delitos contra la seguridad del Estado y como “propaganda enemiga” y “diversionismo ideológico” la expresión de cualquier criterio que no sea del agrado de los funcionarios.

No queremos “canjes” de presos por conveniencias políticas. Demandamos la revisión de todas las leyes y decretos vigentes -a la luz de los estándares establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos sobre Derechos Políticos y Civiles y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales-, acompañadas de una revisión de todas las sanciones contra personas que, habiendo sido acusadas de delitos comunes o políticos no han cometido crimen alguno a la luz de esas normas, por lo que deben ser liberadas, cancelados sus antecedentes penales y compensadas por la arbitrariedad cometida en su contra.

No queremos que el Estado nos siga prometiendo que va a mejorar los empobrecidos niveles de vida que hoy sufrimos. Demandamos que nos liberen de las leyes que impiden al ciudadano tomar iniciativas económicas personales o familiares para su autosostenimiento y que a la vez provean productos y servicios al resto de la sociedad.

No queremos que el gobierno siga prometiendo reponer las pérdidas y reconstruir las viviendas a los damnificados de los ciclones. Demandamos que se respete su derecho a recibir ayuda directa de cualquier país, institución o persona que desee prestársela.

La lista no es exhaustiva, pero de ella se deriva una conclusión simple. Los pasos dados la pasada semana por la Administración Obama son concretos y benefician de manera instantánea a millones de cubanos, mientras que los pretendidos “cambios” que se asocian a Raúl Castro se han producido a cuenta gotas por casi tres años, y constituyen hasta hoy inaceptables limosnas ofrecidas al ciudadano de a pie en la isla.

Estas son algunas de las demandas soberanas del pueblo cubano. A diferencia del levantamiento del embargo, no dependen de discusiones y decisiones de un parlamento extranjero. Tampoco de “gestos” de nadie. Esperan apenas por el acatamiento de la voluntad popular de parte del gobierno que pretende representarla.

Apoyar esas exigencias -en lugar de mendigar o agradecer limosnas- es un servicio a la defensa de la soberanía nacional. En defensa del único legitimo y genuino soberano que es el pueblo cubano.